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Semana 2, Monick Manoela Baram Navichoc

Guatemala cuenta con un marco normativo sólido que garantiza el acceso a la salud materna, la salud reproductiva y los servicios de planificación familiar, que proporciona una base jurídica para garantizar y defender el derecho a estos servicios. Sin embargo, todavía hay una fuerte oposición ideológica de entidades religiosas y políticas que cuestionan el programa de planificación familiar. Durante más de una década, las organizaciones de incidencia han estado trabajando para aumentar la conciencia de la importancia de la seguridad anticonceptiva, para abogar por un enfoque multisectorial y para enfrentar vacíos programáticos y de políticas clave

El instituto Guatemalteco de Seguridad Social es la segunda mayor institución de prestación de servicios de salud del país, las entrevistas con las partes interesadas sugieren que no hay un conocimiento generalizado de la política del IGSS de proporcionar servicios de planificación familiar y los anticonceptivos no están ampliamente disponibles, la mayoría de las mujeres en todo el país y en el Altiplano Occidental tienen a sus hijos en su propia casa y muchas son analfabetas. Se recomienda la creación de un grupo de parteras profesionales, ya sea como una especialización dentro de la carrera de enfermería, y aumentar el número de parteras calificadas mediante la capacitación. 

Las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población guatemalteca y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad.




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